Dilemas de Gobernabilidad

Dilemas de Gobernabilidad


No, no estoy adentrándome en ningún terreno contingente. El asunto surge desde la heterogeneidad de los agentes económicos y también de los bienes, particularmente de los recursos mineros, que desafía todos los supuestos simplificadores de la teoría clásica. La heterogeneidad es uno de los desafíos más importantes para las sociedades modernas y juega un rol determinante al influenciar las formas en que se organizan los mercados e interactúan los agentes en el entorno económico, social y político; lo que a su vez cambia el equilibrio resultante. Ejemplos de heterogeneidad son que las firmas tienen diferentes capacidades de producción, de innovar, organización interna y políticas comerciales; mientras que los países difieren en territorio, recursos naturales, población, nivel de desarrollo económico y político, distribución espacial o incluso pensamiento militar.

Avinash Dixit define la gobernabilidad económica como la forma en que las instituciones sociales interactúan para apoyar las actividades y transacciones económicas, protegiendo los derechos de propiedad, forzando el cumplimiento de los contratos y actuando colectivamente para proveer las infraestructuras físicas y lógicas necesarias. Nuestra perspectiva es desde luego la de un país productor y exportador de bienes basados en la abundancia de ciertos recursos naturales. Complementariamente existe la perspectiva de los países importadores, tendiente a intentar “asegurar” el abastecimiento a precios convenientes, pero ella es ajena. Tampoco consideraremos el problema a nivel de las corporaciones, que generan diversas modalidades contractuales implícitas o explícitas para intentar superar problemas del tipo agente-principal; aunque ello esté relacionado, en función de cuán endógenos sean los límites de la firma.

Entre las cinco categorías que Dixit distingue como situaciones que requieren asegurar la gobernabilidad económica, está la contribución a la provisión de bienes públicos (por ejemplo información geocientífica pre-competitiva), y la preservación de los derechos de acceso y uso de bienes de propiedad común (agua, otros recursos minerales); caso que es modelado frecuentemente como una aplicación del dilema del prisionero con varias personas (Elinor Ostrom y otros). Ello es particularmente relevante frente a la reducción de la participación de Chile en la inversión regional en exploración.

El título de esta columna está tomado de un artículo de Ross Garnaut, de la Australian National University. Garnaut agrega a los dilemas de gobernabilidad de Dixit y los consiguientes resultados de equilibrio y crecimiento económico que se obtengan, aspectos específicos del negocio de desarrollo y explotación minera. Como hemos visto antes, identifica tres temas determinantes para la buena gobernabilidad económica de países exportadores de minerales: la creación de renta económica y su recolección y uso eficaz por el gobierno; la regulación de los impactos sociales, económicos y ambientales a escala local; la estabilización de los efectos económicos a escala nacional. Al igual que la infraestructura de sustentación de la exploración de minerales, el precio de la divisa de referencia, la regulación de los impactos locales y el uso eficaz de la renta económica recolectada por el estado, son temas muy contingentes y debatidos hoy en Chile. Dixit reconoce la existencia de infraestructura de gobernabilidad económica de tipo formal (legislación, tribunales, agencias y políticas públicas) e informal (círculos sociales de información y búsqueda, normas y reglas de conducta y sanción, adjudicación y forzamiento por vía privada, con o sin lucro). Mientras nuestro país perfecciona su infraestructura lógica en el negocio minero, el estancamiento en temas de exploración se hace evidente. Para superar este indeseable estado, los aspectos de acceso a la información (legal, de mercados, geocientífica), forzamiento del respeto a las normas y derechos, y alineamiento entre normas, incentivos e información son cruciales. Ello es en sí mismo un desafío de acción colectiva, que requiere una agenda de acción compartida entre gremios, gobierno y centros de estudio.